Una resolución impulsada por el oficialismo obliga a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) a solicitar autorización previa para realizar estudios extraordinarios. La medida se conoce mientras se demora la publicación del informe sobre la ejecución presupuestaria de mayo.
El Gobierno nacional avanzó sobre la (OPC), uno de los organismos técnicos encargados de analizar la ejecución de las cuentas públicas, mediante una resolución que limita la elaboración de informes no contemplados en su planificación anual.
La medida fue impulsada desde la Comisión de Supervisión Parlamentaria, presidida por el diputado Bertie Benegas Lynch, y establece que cualquier estudio, informe o análisis que no figure en el plan anual deberá contar con autorización previa de la comisión.
La OPC es un organismo integrado por especialistas seleccionados por concurso y con autonomía técnica. Su función consiste en producir información sobre el uso de los recursos públicos, analizar la ejecución presupuestaria y calcular el impacto económico de proyectos de ley.
Entre sus tareas se encuentra la verificación independiente de datos vinculados al resultado fiscal y la distribución del gasto estatal en áreas como jubilaciones, salud, educación y asistencia social.
Un nuevo filtro para los informes
La resolución se suma a una auditoría impulsada por el oficialismo sobre la actividad de la oficina durante los últimos tres años.
El cambio modifica el funcionamiento habitual de la OPC, ya que los informes extraordinarios solicitados por legisladores ya no podrán iniciarse de manera automática. A partir de ahora, deberán atravesar una instancia de aprobación política previa.
De este modo, cuando diputados o senadores requieran un análisis urgente sobre una iniciativa legislativa o una partida presupuestaria, la oficina deberá esperar la autorización de la comisión que supervisa su funcionamiento.
La demora de un informe clave
La decisión se conoce en un contexto en el que la OPC todavía no difundió el informe de ejecución presupuestaria de mayo, uno de los documentos más consultados por legisladores, economistas y especialistas.
Ese reporte permite conocer cómo evolucionó el gasto público en distintas áreas del Estado y cuáles son las prioridades efectivas de la administración nacional en la asignación de recursos.
Auditoría y cuestionamientos
El mismo día en que se constituyó formalmente la comisión, una decena de asesores ingresó a las oficinas de la OPC para iniciar una auditoría integral.
El episodio fue interpretado por trabajadores y sectores de la oposición como una señal de presión sobre un organismo que, desde su creación, brinda asistencia técnica a los distintos bloques parlamentarios.
El debate gira en torno al control de la producción de información presupuestaria dentro del Congreso. Quienes cuestionan la medida sostienen que la imposición de autorizaciones previas puede afectar la autonomía técnica de la oficina y condicionar parte de su trabajo.
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