La Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil fue oficializada mediante el Decreto 138/2026 y establece cambios en el sistema judicial para adolescentes de entre 14 y 18 años.
El Gobierno nacional promulgó oficialmente la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, una reforma del sistema judicial argentino que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 138/2026, publicado este 9 de marzo en el Boletín Oficial de la República Argentina.
La normativa fue impulsada por la administración del presidente Javier Milei y representa uno de los cambios en materia penal juvenil en los últimos años en el país.
Cómo fue la aprobación en el Senado
El proyecto había sido aprobado el 27 de febrero durante sesiones extraordinarias del Senado de la Nación Argentina.
La iniciativa obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, lo que permitió al bloque oficialista de La Libertad Avanza avanzar con una de sus reformas legislativas en seguridad y justicia.
Baja de imputabilidad: qué cambia
Uno de los puntos centrales de la nueva ley es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
De esta manera, los adolescentes entre 14 y 18 años podrán ser imputados penalmente por delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales.
La normativa establece además un régimen diferenciado para menores, con sanciones graduadas según la edad, la gravedad del delito y el contexto del hecho.
Qué penas establece la nueva ley
El nuevo régimen penal juvenil contempla distintas sanciones para los adolescentes que cometan delitos.
Entre los principales puntos se encuentran hasta 3 años de prisión para delitos considerados menores y hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, abuso o secuestro.
También establece un máximo de 20 años en casos excepcionales, según la gravedad del hecho.
Al mismo tiempo, la ley prohíbe las penas perpetuas o indefinidas para adolescentes. Además incorpora medidas alternativas a la prisión como libertad asistida, amonestaciones, tareas comunitarias, programas educativos y capacitación laboral.
El objetivo, según el texto de la ley, es combinar sanciones penales con herramientas socioeducativas que permitan la integración del adolescente a la sociedad.
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