El informe de la Comisión Investigadora amplía cuestionamientos sobre el acuerdo, el control sanitario y la administración de recursos durante la emergencia ígnea 2025.
El Concejo Deliberante de Epuyén tratará este miércoles 29 de abril a las 17 un dictamen acusatorio en el auditorio de la Casa de la Cultura, en el marco de una sesión especial con tratamiento único.
El documento analiza un acuerdo de mediación celebrado por el Departamento Ejecutivo con un comerciante local, en el que se incluyó el pago de $4.200.000, la anulación de actuaciones y multas, y la exención de tasas de habilitación comercial hasta 2027.
El texto señala que estos hechos coinciden con lo establecido en el Anexo de la Resolución N° 005/2026, donde se incorporó la disposición de fondos públicos y el otorgamiento de beneficios mediante un acta de mediación del 31 de julio de 2024, junto con la anulación de actuaciones en presunta contravención al régimen de competencias.
En ese sentido, el dictamen sostiene que el caso no puede reducirse a un debate sobre la conveniencia económica o jurídica de una transacción, sino que debe analizarse en su dimensión institucional, al considerar comprometida la disposición de recursos públicos y el otorgamiento de beneficios con impacto en las potestades de inspección y habilitación.
Pagos, anulación de multas y exenciones bajo análisis
La minoría de la Comisión Investigadora dejó asentado que el intendente celebró un convenio de mediación con el comerciante Lautaro Márquez ante el Juzgado de Paz de Epuyén, en el marco de una causa por decomiso de mercadería, estableciendo pagos en dos cuotas durante agosto de 2024.
El acuerdo incluyó el pago total de $4.200.000, la anulación de actuaciones administrativas y multas, y la exención del pago de habilitación comercial hasta el 31 de diciembre de 2027. También se fijó un plazo de 90 días para la regularización de la documentación del inmueble.
El dictamen consigna que en la rendición de cuentas de agosto de 2024 figura el pago de dos cuotas de $2.100.000 cada una al comerciante, en fechas 6 y 29 de ese mes, en línea con la Resolución N° 315/2024 del Departamento Ejecutivo.
Sobre este punto, el documento advierte que no se encuentran agregados los antecedentes del reclamo del comerciante, lo que impide evaluar la procedencia del monto acordado.
Control bromatológico y decomiso de mercadería
En paralelo, el informe incorpora precisiones sobre el control sanitario y advierte que “una exención de pago de tasas por habilitación, no implica que el comercio no deba dar cumplimiento a todas las condiciones que se requieren para su funcionamiento”.
El texto agrega que “bajo ninguna circunstancia puede eximirse a un comercio que expende alimentos del cumplimiento de la normativa en materia de control bromatológico”, al analizar el alcance de los beneficios otorgados.
En relación con el origen del conflicto, se cita la declaración de la profesional del área de inspección, donde se indica que “el origen del reclamo fue la realización de inspecciones […] en los cuales se realizó la desnaturalización de mercadería vencida”, desde la Comisión Investigadora.
Además, el dictamen recuerda que la normativa vigente establece sanciones obligatorias en estos casos: “la sanción de comiso es de aplicación obligatoria […] en los casos de alteración, adulteración o falsificación de las condiciones bromatológicas”.
Observaciones sobre fondos públicos y emergencia ígnea 2025
En el dictamen también se aborda la situación del edificio denominado “Centro de Visitantes”, vinculado a la Asociación Civil Antu Quillén, donde se analizaron las habilitaciones provisorias otorgadas para su funcionamiento. En ese marco, desde la organización señalaron que están invitando a socios y personas allegadas a acercarse a la sesión especial de este miércoles en la Casa de la Cultura de Epuyén, donde se tratará el informe, con el objetivo de seguir de cerca el desarrollo del debate en el Concejo Deliberante.
El informe también señala una diferencia entre el monto acordado en mediación y el efectivamente abonado, y recomienda elevar las actuaciones a organismos de control al indicar que “se advierte una diferencia entre el monto de resarcimiento acordado […] y el monto abonado”.
El dictamen incorpora un tercer eje vinculado a la emergencia ígnea 2025 y 2026 y la administración de recursos públicos. En ese punto, se advierte que “las actuaciones dan cuenta de un cuadro reiterado de falta de integración documental […] y ausencia de expedientes completos”.
También se mencionan dudas sobre la asignación de subsidios y criterios de ayuda económica, señalando que “la Comisión manifestó dudas sobre la efectiva aplicación de esos criterios y sobre posibles inconsistencias en casos particulares”.
Entre los ejemplos, el dictamen consigna que “sobre estos fondos no se ha recibido rendición de gastos, ni se han podido visualizar en las rendiciones de gastos generales”, en referencia a recursos asignados mediante ordenanza.
Falta de respuestas e intervención de organismos de control
El documento también da cuenta de pedidos de informes reiterados desde el Concejo Deliberante hacia el Ejecutivo, sin respuestas completas. En ese sentido, señala que “surge un cuadro reiterado y sistemático de requerimientos formales […] sin que tales pedidos hayan sido respondidos en forma oportuna, completa o verificable”, Comisión Investigadora.
Finalmente, el dictamen concluye con recomendaciones institucionales, entre ellas la intervención de organismos externos, al sostener que corresponde dar intervención a áreas de control ante las inconsistencias detectadas en la administración de fondos y la ejecución de actos administrativos.
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