La Comisión Investigadora del Concejo Deliberante elevó un dictamen contra José Contreras por posibles transgresiones institucionales y falta de información sobre recursos públicos.
La Comisión Investigadora del Concejo Deliberante de Epuyén formuló una acusación por mayoría contra el intendente José Contreras, en el marco de un dictamen que señala presuntas irregularidades en su gestión. Entre los puntos observados se incluyen habilitaciones irregulares, un acuerdo extrajudicial con un comerciante y la falta de información sobre fondos de la Emergencia Ígnea 2025.
El dictamen ya fue elevado al cuerpo deliberativo para su tratamiento y también al jefe comunal para que presente su descargo. La sesión especial fue convocada para el miércoles 29.
Según el informe, uno de los ejes centrales es la presunta habilitación irregular otorgada a la Asociación Civil Antú Quillén para el uso del edificio municipal “Centro de Visitantes Puerto Bonito”. Allí se habrían concedido habilitaciones provisorias consecutivas por 60 días cada una, alcanzando un total de 120 días.
El documento advierte que esta situación resulta incompatible con las condiciones iniciales, ya que la habilitación dependía de la finalización de obras. En ese sentido, el dictamen sostiene: “El reproche institucional se asienta en la falta de respaldo jurídico suficiente para levantar o morigerar una restricción previa que vinculaba al propio Ejecutivo” Comisión Investigadora del Concejo Deliberante.
Cuestionamientos por un acuerdo con un comerciante
Otro de los puntos analizados es el acuerdo extrajudicial con el comerciante Lautaro Márquez, cuyo local presentaba observaciones que impedían la renovación de su habilitación comercial, como la falta de baño y otras exigencias incumplidas.
La exdirectora de Inspecciones, la bromatóloga Melina Bellizio, declaró que tras el conflicto se le indicó que no debía realizar inspecciones durante dos años en ese comercio. Además, según su testimonio, el comerciante no debía pagar tasas ni renovar su habilitación en ese período.
El dictamen plantea que la situación excede lo administrativo y señala: “Este segundo hecho no debe ser reducido a un mero debate acerca de la conveniencia económica o jurídica de una transacción, sino apreciado en toda su dimensión institucional” Comisión Investigadora del Concejo Deliberante.
En esa línea, también se cuestiona que la exención del pago de la tasa de habilitación comercial hasta diciembre de 2027 haya sido dispuesta por el Ejecutivo, lo que es considerado una “extralimitación de sus funciones” Comisión Investigadora del Concejo Deliberante, ya que esa atribución corresponde al Concejo.
Falta de información sobre la Emergencia Ígnea 2025
El informe también pone el foco en el manejo de los recursos vinculados a la Emergencia Ígnea 2025, donde se detectaron irregularidades en la documentación y en la respuesta a pedidos de informes.
La Comisión concluyó que existe “un cuadro reiterado de falta de integración documental, respuestas parciales, dispersión de antecedentes y ausencia de expedientes completos” Comisión Investigadora del Concejo Deliberante, lo que impide reconstruir el proceso administrativo.
Además, se registraron reiterados pedidos de información dirigidos al intendente, así como notas a la entonces presidenta del Concejo, Débora Roxana Sabaria, sin respuestas completas ni verificables.
El dictamen agrega que se constató “un cuadro persistente de incumplimiento del deber de informar, documentar, integrar expedientes y permitir el control del Concejo” Comisión Investigadora del Concejo Deliberante.
Posibles transgresiones a los deberes del cargo
En sus conclusiones, la Comisión advierte que los hechos analizados podrían configurar faltas graves en el ejercicio de la función pública.
El documento señala: “Tales extremos presentan entidad bastante para configurar, en principio, posibles transgresiones graves a los deberes institucionales y funcionales del cargo” Comisión Investigadora del Concejo Deliberante.
También se indica que estas situaciones comprometen aspectos centrales como la legalidad administrativa, la transparencia, la rendición de cuentas y el control sobre los recursos públicos.
El dictamen fue firmado por los concejales Anuar Fernández, Lidia Barría y Mara Sánchez, mientras que la edil Angélica Caprano lo hizo en disidencia.
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