
Las clínicas y sanatorios de la Patagonia iniciaron una restricción progresiva de prestaciones para afiliados de PAMI ante la falta de actualización de aranceles.
Las clínicas y sanatorios de Río Negro, Chubut, Neuquén y La Pampa comenzaron a aplicar una restricción progresiva de servicios desde el lunes, en el marco de un reclamo por la actualización de los valores retributivos de PAMI. La medida impacta en cirugías programadas y podría ampliarse si no hay respuestas.
En diálogo con FM de la Cordillera, el gerente del Sanatorio Juan XXIII de General Roca y vocero regional, Andrés Sabalette, explicó que “la situación que tenemos las clínicas y sanatorios prestadores de PAMI en este momento tiene su crisis en una gran depreciación en los aranceles retributivos con los que PAMI retribuye los servicios médicos”.
Según detalló, el desfasaje entre costos e ingresos se profundizó en los últimos meses. “Mientras la inflación fue del doscientos noventa por ciento entre diciembre de 2023 y marzo de este año, en ese mismo período los aranceles de PAMI se incrementaron en un ciento treinta por ciento”, indicó.
En ese contexto, remarcó que “PAMI debiera aplicar un aumento de un setenta por ciento en sus precios de retribuciones para compensar el aumento de costos que hemos tenido”, y advirtió que “es una brecha que realmente nos ha llevado a un punto donde es insostenible económicamente la continuidad en términos regulares de los servicios”.
Restricción progresiva de servicios
La medida adoptada por los prestadores no es planteada como un paro, sino como una consecuencia de la situación financiera. “No lo estamos planteando como una medida de fuerza, sino más bien como una medida de necesidad ante la imposibilidad de seguir afrontando costos”, sostuvo Sabalette.
En una primera etapa, la restricción alcanza a cirugías programadas que pueden postergarse sin riesgo inmediato. “Optamos por aquellas prestaciones que menos afectan la atención, que son las cirugías programadas, tratando de resguardar las urgencias y emergencias médicas”, explicó.
El vocero indicó que la decisión se tomó tras una serie de reclamos previos. “Esta es una situación que viene de larga data, nuestros reclamos han sido permanentes y nuestras propuestas con alternativas de solución también”, afirmó.
Sin embargo, señaló que el diálogo con las autoridades no derivó en soluciones. “El diálogo está abierto con las autoridades nacionales, pero no se está traduciendo en soluciones concretas”, agregó.
Riesgo de ampliación de las medidas
Si no hay respuestas en el corto plazo, la restricción podría extenderse. “Si el tiempo transcurre y seguimos sin tener respuestas, no nos queda alternativa que aumentar esa limitación, siempre progresivamente”, advirtió.
Entre las prestaciones que podrían verse afectadas mencionó prácticas ambulatorias y atención en guardia, aunque aclaró que intentarán sostener lo crítico. “La atención de emergencias trataremos de garantizarla”, dijo.
El impacto económico del esquema actual es significativo para las instituciones. “PAMI representa aproximadamente el 40% de nuestros ingresos, con casos donde supera el 50%”, explicó Sabalette.
En ese sentido, afirmó que la situación ya genera consecuencias operativas. “Hay clínicas que no están pudiendo pagar los sueldos en tiempo y forma, que no están pudiendo cumplir con sus proveedores y poniendo en riesgo la provisión de insumos”, describió.
Un sistema en tensión
El representante de los prestadores remarcó que el problema excede a las clínicas. “Son definiciones políticas que tendrán que tomar las autoridades nacionales en pos de garantizar el financiamiento a PAMI”, sostuvo.
También advirtió sobre las limitaciones del sistema público para absorber la demanda. “El sistema público no tiene estructura suficiente para dar respuesta a la demanda que implica la atención de PAMI”, indicó.
En Río Negro, el universo de afiliados es amplio. “Son aproximadamente 110.000 afiliados y es prácticamente imposible que los hospitales públicos pudieran absorber esa demanda”, señaló.
Finalmente, Sabalette subrayó el impacto sobre los pacientes. “El perjudicado es el afiliado que tiene un sistema que no está respondiendo como debiera y los prestadores que deberíamos estar brindando ese servicio y nos encontramos con esta limitación”, concluyó.

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