La presentación judicial apunta contra funcionarios nacionales por presunta malversación de fondos destinados al mantenimiento de rutas. El gremio de Vialidad Nacional denunció desvío de recursos, paralización de obras y deterioro de la red vial federal.
Una denuncia penal presentada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7 puso bajo la lupa a funcionarios del Gobierno nacional por el presunto desvío de fondos de Vialidad Nacional. La acusación fue impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior del organismo y alcanza al ministro de Economía, Luis Caputo; al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y a integrantes de la conducción del ente vial.
Según el escrito judicial, los funcionarios habrían incurrido en delitos de malversación de fondos públicos, fraude a la administración e incumplimiento de deberes. La denuncia sostiene que cerca de 400 mil millones de pesos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos, destinados por ley a infraestructura vial, fueron retenidos y utilizados para operaciones financieras vinculadas al Tesoro nacional.
El documento señala que la falta de transferencia de esos recursos afectó de manera directa el mantenimiento y desarrollo de la red vial federal. Además, advierte sobre un estado de abandono de las rutas nacionales por la ausencia de planes de inversión en infraestructura.
“La parálisis administrativa induce una quiebra técnica”, sostiene la presentación realizada por el sindicato de trabajadores de Vialidad Nacional.
La denuncia por el uso de fondos destinados a rutas nacionales
De acuerdo con la acusación, la Ley 23.966 establece que el 28,58% de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos debe destinarse de forma automática al fideicomiso para infraestructura del transporte terrestre. Sin embargo, la presentación asegura que esos recursos fueron desviados hacia la compra de letras y bonos para financiar las cuentas del Estado nacional.
En el escrito, el gremio remarcó: “El ministro Caputo ha retenido y desviado estos fondos con origen presupuestario, del fideicomiso vial, financiamiento externo perdido por ausencia de ejecución, con destino hacia el Tesoro Nacional”, según detalla la denuncia judicial.
La presentación también expone que el organismo arrastra una deuda equivalente al 90% de su presupuesto anual aprobado, situación que impacta en el funcionamiento operativo y técnico de Vialidad Nacional.
Además, advierte que la falta de mantenimiento preventivo en rutas incrementa el deterioro de las calzadas y eleva el riesgo de siniestros viales. El texto menciona problemas como pozos, deformaciones y ausencia de demarcación horizontal en corredores nacionales.
Parálisis de obras y acusaciones de vaciamiento en Vialidad Nacional
Otro de los puntos incluidos en la denuncia refiere a la paralización de obras estratégicas y al incumplimiento de pagos a empresas contratistas. Según el documento, incluso proyectos con financiamiento internacional quedaron interrumpidos por falta de ejecución.
La acusación también apunta contra Federico Sturzenegger por un supuesto desmantelamiento del organismo vial. “El Ministro Sturzenegger ha falseado los informes de gestión de la Dirección Nacional de Vialidad para sostener el desmembramiento institucional”, sostiene el escrito presentado por el sindicato.
En paralelo, el gremio denunció medidas contra trabajadores técnicos y profesionales del organismo. La presentación habla de traslados compulsivos, intimaciones de jubilación y ceses laborales sin sumarios previos.
“Para evitar que los técnicos y profesionales de carrera denuncien la malversación y el abandono de rutas, la Gerencia de RR.HH. ha instaurado un régimen de terror laboral”, afirma el texto judicial.
El impacto en las provincias y el sistema vial
La denuncia sostiene que la interrupción de transferencias también afectó a las provincias, ya que el 60% de los recursos coparticipables viales debe destinarse a las direcciones provinciales de vialidad.
Según el escrito, la falta de financiamiento paralizó campamentos viales y limitó el mantenimiento de rutas secundarias y complementarias en distintas regiones del país.
Ricardo Lasca, integrante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, aseguró: “Nosotros como usuarios viales vamos a estar atrás de la denuncia para que no se caiga y avance”. Además, agregó: “Siempre vamos a defender Vialidad Nacional porque se la quieren sacar de encima solo para hacer negocios con la obra pública”.
La presentación judicial quedó ahora en manos de la Justicia federal, que deberá determinar las responsabilidades penales de los funcionarios denunciados.
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