La iniciativa redefine la protección de zonas periglaciares y habilita el avance de proyectos mineros, en medio de críticas de la oposición, organizaciones ambientalistas y cuestionamientos al proceso de debate.
La Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares en la madrugada, luego de una extensa sesión que se prolongó por casi 11 horas y que estuvo marcada por fuertes cruces políticos. La iniciativa, que redefine la protección de las zonas periglaciares y habilita el avance de proyectos mineros, fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.
El tratamiento estuvo acompañado por un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso, donde se registraron incidentes durante una movilización convocada bajo la consigna “La Ley de Glaciares No Se Toca”. La iniciativa fue impulsada por el oficialismo junto a sus aliados y contó con el respaldo de gobernadores de provincias mineras.
La reforma a la Ley 26.639 establece un cambio en los criterios de protección: deja de considerar a todos los glaciares y zonas periglaciares como “reservas estratégicas” y limita esa condición a aquellos que acrediten un “aporte hídrico relevante y comprobable”. Esto habilita la posibilidad de avanzar con actividades extractivas en áreas que antes estaban protegidas.
Desde la oposición y sectores ambientalistas señalaron que la medida implica la pérdida de protección sobre formaciones de hielo menores, lo que podría afectar recursos hídricos considerados vitales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático.
Cruces políticos y cuestionamientos al Gobierno
Durante el debate, la oposición utilizó la sesión para plantear apartamientos de reglamento y exponer temas sensibles para el Gobierno. Entre ellos, se mencionaron el caso LIBRA y pedidos de interpelación al vocero presidencial, en un intento de reunir respaldo para futuras acciones legislativas.
La sesión fue habilitada por diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques provinciales. En ese contexto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se hizo presente en el recinto pasadas las 22.15 para asistir a la sanción de la norma.
Rechazos desde distintos bloques y advertencias
La diputada Myriam Bregman también criticó la reforma y aseguró que el objetivo del oficialismo es habilitar “un saqueo rápido”. En ese sentido, afirmó que “Milei tiene claro que fue elegido por las corporaciones para un saqueo rápido”.
Por su parte, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, remarcó que “la ley de 2010 permitió el desarrollo minero” y pidió “salir de falsas antinomias” entre producción y ambiente. También cuestionó las audiencias públicas al considerarlas “amañadas”.
En la misma línea, Lucía Cámpora calificó de “bochornosa” la instancia de participación y señaló que intervino “menos del 2 por ciento de los inscriptos”. Además, advirtió sobre un posible “plan de saqueo” vinculado a una “triple flexibilización” laboral, ambiental y económica.
Desde otros bloques, Miguel Ángel Pichetto sostuvo que “esta ley es un retroceso, es un hecho negativo” y alertó que “se abre un camino peligroso para el pueblo argentino”. A su turno, Juan Carlos Molina afirmó que se trata de una “ley de entrega del agua” y de las “megaminerías”, y advirtió sobre una competencia entre provincias para explotar sus recursos.
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