A principios de octubre, legisladores de Fuerza Patria solicitaron al Poder Ejecutivo detalles sobre las actividades de Claudio Ciccarelli, primo del presunto narco Federico “Fred” Machado, quien en las últimas fue solicitado para ser extraditado y procesado. El requerimiento apunta a posibles beneficios estatales en concesiones mineras y aún no fue respondido
A comienzos de octubre, los bloques legislativos de Fuerza Patria presentaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo de Río Negro. El objetivo: obtener precisiones sobre las actividades, estructuras societarias, beneficios y controles aplicados sobre Claudio Ciccarelli, empresario vinculado a la explotación de arenas silíceas para fracking y primo del presunto narcotraficante Federico Andrés “Fred” Machado.
La iniciativa fue impulsada por el legislador José Luis Berros, acompañado por Ana Marks, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Fabián Pilquinao, Daniel Belloso y Leandro García. El requerimiento fue dirigido a múltiples organismos provinciales: Secretaría de Minería, Departamento Provincial de Aguas (DPA), Secretaría de Ambiente, Secretaría de la Función Pública, Fiscalía de Estado, Asesoría Letrada y Tribunal de Cuentas.
Los legisladores recordaron que hasta septiembre, el área de Energía —que incluye Minería, Ambiente e Hidrocarburos— estuvo bajo la conducción de Andrea Confini, pareja del gobernador Alberto Weretilneck. Confini se encuentra actualmente de licencia por su candidatura a senadora nacional y fue designada como futura directora de YPF.
“Queremos saber si el gobierno provincial está financiando negocios privados con recursos públicos, favoreciendo a empresarios como Claudio Ciccarelli, que además es empleado estatal, y a Federico ‘Fred’ Machado, requerido por la justicia internacional por lavado y narcotráfico”, expresó Berros en el recinto al momento de presentar el pedido. Y agregó: “No vamos a tolerar que el Estado sea cómplice de una trama de testaferros, favores y silencio institucional. Esto no es desarrollo: es captura del Estado”.
Empresas, concesiones y posibles incompatibilidades
El pedido de informes también fue respaldado por los bloques Vamos con Todos y PJ Nuevo Encuentro, quienes solicitaron detalles sobre las concesiones mineras otorgadas desde 2005 a las firmas Eco Friendly S.A., Gold Sand, Max Technology SRL, Southcross Logistics y L&C Mining S.A.C.. El requerimiento incluye información sobre contratos, subsidios, beneficios fiscales, uso de agua, estudios de impacto ambiental, inspecciones, sanciones y posibles incompatibilidades con la Ley de Ética Pública.
La preocupación se intensifica por los antecedentes de los empresarios involucrados. Según denuncias del diputado Martín Soria, Claudio Ciccarelli figura como socio y apoderado en firmas ligadas a Machado, además de haber sido empleado estatal en Río Negro y luego adscripto al bloque Juntos Somos Río Negro, presidido por Facundo López.
Por su parte, Federico “Fred” Machado enfrenta causas judiciales internacionales por lavado de dinero y narcotráfico, y está vinculado a una red de empresas pantalla utilizadas para triangulación de fondos. Actualmente, se encuentra detenido con prisión domiciliaria en Viedma, a la espera de su extradición a Estados Unidos.
Conexiones políticas y financiamiento de campañas
El caso tomó relevancia nacional en los últimos días por la relación entre Machado y el diputado José Luis Espert. Se lo identificó como propietario de la camioneta blindada utilizada por Espert en 2019, además de haber financiado más de 35 vuelos privados y aportado al menos 200 mil dólares a su campaña.
La situación se agravó tras la difusión de documentación judicial en Estados Unidos. Aunque Espert reconoció haber recibido fondos de Machado, afirmó que fue por “asesoramiento profesional” a una firma minera en Guatemala. Sin embargo, documentos del Bank of America, aceptados como prueba en el expediente criminal contra Machado y su socia Debra Lynn Mercer-Erwin, indican que la transferencia provino de Wright Brothers Aircraft Title Inc, empresa utilizada en operaciones de narcotráfico, fraude y lavado en Texas.
Esta evidencia contradice la versión del diputado y expone la gravedad de las conexiones entre la política argentina y el circuito financiero internacional vinculado a delitos.
Impacto institucional y ambiental bajo investigación
La legisladora Ana Marks subrayó que “este requerimiento trasciende lo electoral. Se busca establecer con claridad si existieron beneficios estatales hacia empresas ligadas a capitales de origen dudoso, con impacto sobre los recursos naturales, el ambiente y la institucionalidad provincial”.
A pesar de la magnitud del caso y la cantidad de organismos involucrados, el pedido de informes continúa sin respuesta oficial. La falta de contestación por parte del Ejecutivo provincial mantiene en suspenso la posibilidad de esclarecer los vínculos entre funcionarios, empresarios y estructuras societarias investigadas por delitos internacionales.
La ausencia de información pública sobre las concesiones mineras y los beneficios otorgados a empresas vinculadas a Ciccarelli y Machado abre interrogantes sobre el uso de recursos estatales y el rol de la provincia en el control de actividades extractivas.
El pedido sigue vigente. Las respuestas, por ahora, no llegaron.
Sé el primero en comentar