La secretaria de Fopea, Paula Moreno, cuestionó la decisión del Ejecutivo nacional de limitar el acceso de la prensa y alertó sobre una escalada de medidas que afectan la cobertura periodística.
La restricción del acceso de periodistas a la Casa Rosada generó preocupación en el ámbito del periodismo y motivó pronunciamientos de organizaciones del sector. En ese contexto, la secretaria de Foro del Periodismo Argentino (Fopea), Paula Moreno, expuso la postura de la entidad frente a la decisión del Ejecutivo nacional y advirtió sobre sus implicancias. “Es el primer gran dato, porque creo que uno de los principales problemas que estamos teniendo es la normalización de temas que cada vez parecen extremos”, señaló Moreno, en referencia al escenario actual. La dirigente planteó que este tipo de medidas se inscriben en una dinámica que excede al periodismo y alcanza al funcionamiento institucional.
Según explicó, la situación involucra a casi 60 corresponsales acreditados que habitualmente cubren la actividad presidencial y del gabinete. “Se canceló, se cerró la sala de prensa, es tremendo”, afirmó, al describir el alcance de la decisión.
La medida fue justificada por el Gobierno en base a cuestiones de seguridad nacional, vinculadas a una grabación realizada en Casa Rosada por un equipo periodístico. Sin embargo, desde Fopea sostienen que la respuesta resulta desproporcionada.
Cuestionamientos por la proporcionalidad de la medida
Moreno indicó que existen mecanismos intermedios previstos en la reglamentación ante posibles incumplimientos. “Hay multas, hay observaciones, hay llamados de atención al medio”, explicó, y agregó que incluso podría evaluarse la suspensión puntual de acreditaciones.
En ese sentido, cuestionó el alcance general de la decisión: “Sacarle a todos los medios del país y a todos los acreditados no tiene razón de ser”. También advirtió sobre la falta de certezas respecto a la duración de la medida y sus consecuencias en la circulación de información.
La secretaria de Fopea remarcó que la situación se agrava con la denuncia penal presentada contra los periodistas involucrados en la grabación. “Es muy grave”, sostuvo sobre la acusación por presunto espionaje ilegal, actualmente en la Justicia. “Ir a la justicia penal es desproporcionado”, añadió, al tiempo que subrayó que el caso debería resolverse dentro de los marcos administrativos existentes.
Escalada de tensiones y agresiones al periodismo
Durante la entrevista, Moreno también hizo referencia a un contexto más amplio de tensiones entre el Gobierno y el periodismo. “No es una medida más, es una medida absolutamente extrema”, afirmó.
En esa línea, señaló que se registra una escalada de agravios hacia periodistas. “El direccionamiento de los agravios va más hacia periodistas que hacia medios”, explicó, en base al monitoreo que realiza la organización.
Asimismo, describió el impacto de estos discursos en el clima social: “Estos discursos tan agresivos lo que hacen es naturalizar la agresión hacia determinados sectores”. También vinculó esta situación con episodios de violencia registrados en coberturas recientes.
Moreno sostuvo que la estrategia de respuesta debe ser analizada con cautela. “Siempre hay que hacer algo más, pero hay que ser estratégicos”, indicó, en relación a posibles acciones desde el sector.
El eje en el derecho a la información
Desde Fopea remarcan que el principal impacto de estas medidas recae sobre la ciudadanía. “Lo que se vulnera es el derecho a la información de la gente”, afirmó Moreno.
En ese sentido, definió el rol del periodismo como intermediario entre los hechos y la sociedad. “Trabajamos como puente”, señaló, y explicó que la pluralidad de voces es clave para la construcción de información.
La dirigente también mencionó la intervención de organismos internacionales. “Estas situaciones definen la calidad democrática”, sostuvo, al referirse a las gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Libertad de Expresión.
Finalmente, indicó que no hay certezas sobre una posible revisión de la medida en el corto plazo. “Dijeron que iba a ser transitorio, pero lo están analizando”, concluyó, en relación a la postura oficial.
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