El Ministerio Público de Río Negro aprobó un nuevo reglamento para controlar el uso de dispositivos tecnológicos oficiales y estableció sanciones para quienes utilicen esos recursos con fines privados.
El uso de celulares, notebooks y otros dispositivos oficiales dentro del Poder Judicial de Río Negro quedó bajo nuevas reglas. El Ministerio Público aprobó un reglamento que establece controles más estrictos sobre las herramientas tecnológicas asignadas a fiscales, defensores y empleados judiciales.
La normativa deja sin efecto disposiciones anteriores y unifica los criterios para la entrega, el uso y el control de herramientas informáticas utilizadas en el ámbito judicial. El nuevo reglamento alcanza a celulares, notebooks, tablets, discos rígidos externos y antenas de internet provistas para el desarrollo de tareas vinculadas a la función pública.
El documento establece además una diferenciación clara sobre las responsabilidades administrativas de cada equipo. El titular de cada dependencia será considerado “Responsable Patrimonial”, mientras que el agente que utilice el dispositivo quedará registrado como “Depositario”.
Según la resolución, los empleados que tengan asignados estos elementos deberán garantizar la guarda, conservación y utilización adecuada de los bienes estatales. El reglamento también determina que deberán responder económicamente en casos de daño o pérdida provocados por culpa o negligencia.
Nuevas obligaciones para empleados judiciales
El texto oficial remarca que los dispositivos entregados por el Estado tendrán una “afectación excluyente”, por lo que únicamente podrán utilizarse para funciones institucionales vinculadas al trabajo dentro del Poder Judicial.
La Procuración General también dejó establecido que mantener los equipos en condiciones operativas pasa a formar parte de las obligaciones funcionales de cada trabajador que tenga asignado un dispositivo oficial.
En ese marco, el reglamento advierte sobre posibles sanciones ante incumplimientos. “La utilización del dispositivo o la línea en actividades privadas del agente u otro uso desvinculado a la función, constituye una falta grave”, señala el documento oficial difundido por el Ministerio Público de Río Negro.
Con esta medida, el organismo judicial busca reforzar los mecanismos de control sobre el patrimonio tecnológico estatal y delimitar las responsabilidades administrativas de quienes utilizan herramientas digitales provistas para el ejercicio de sus funciones.
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