Desde la APDH en Cipolletti advierten por el impacto social y económico y piden que la Legislatura avance con un proyecto que busca evitar la suspensión de luz, gas y agua a familias en situación crítica.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), a través de la Junta Promotora del Alto Valle en Cipolletti, solicitaron el tratamiento urgente de un proyecto de ley que busca suspender los cortes de servicios públicos domiciliarios para sectores en situación de vulnerabilidad en Río Negro. La iniciativa fue presentada por los bloques PJ-Nuevo Encuentro y Vamos con Todos.
El proyecto apunta a garantizar el acceso a electricidad, gas y agua potable para usuarios con ingresos por debajo de la línea de pobreza, incluyendo jubilados, pensionados y grupos familiares vulnerables. La propuesta retoma antecedentes legislativos como la ley provincial 4395 de 2009, que establecía la no interrupción de suministros esenciales.
Suyhay Quilapán, copresidenta de la junta promotora, explicó el posicionamiento del organismo: “nosotros muy preocupados con el contexto socioeconómico que estamos transitando como comunidades y mirando, bueno, de qué manera sostenemos los derechos fundamentales de las personas para tener una vida digna”, señaló en referencia a la situación actual.
También remarcó la necesidad de acompañar iniciativas legislativas que respondan al contexto: “cuando aparecen formatos en términos de normas legales que pueden facilitar la vida de los vecinos, que seamos coherentes y que acompañemos”, sostuvo.
El alcance del proyecto y el contexto económico
El proyecto en discusión amplía el alcance de normativas anteriores al incluir el servicio de agua potable, además de gas y electricidad. Según explicó Quilapán, esto responde a la realidad actual donde también se registran suspensiones por falta de pago en el suministro de agua.
En ese sentido, advirtió sobre el impacto de los cortes en el invierno: “muy preocupados por cómo viene el invierno, que ya se avecina con fríos extremos, y si a los vecinos les cortan los servicios porque no pueden cancelar las boletas, realmente se va a tornar bastante dificultoso”.
La dirigente también vinculó la problemática con el deterioro del poder adquisitivo: “hay muchísimas familias que no pueden cubrir el pago de las tarjetas de crédito, que son utilizadas no para gastos superfluos, sino para sostener la canasta básica”, explicó.
A su vez, detalló cómo afecta a distintos sectores: “la realidad es que no se llega a cubrir la canasta básica familiar porque los sueldos son bajos, porque el número de desempleados ha crecido, porque siempre tenemos ciudadanía que queda como al margen”.
Jubilados y familias vulnerables en el centro del reclamo
Entre los grupos más afectados, Quilapán mencionó a jubilados, personas sin empleo y familias con discapacidad. “Las familias con discapacitados tienen que hacer uso del salario para cubrir terapias, asistencia y acompañamiento, y esto lleva a que la billetera va poniéndose cada vez más flaca”, indicó.
También puso el foco en los ingresos de los adultos mayores: “estamos hablando de jubilados de la mínima que están en menos de 400 mil pesos. Si tienen que cubrir un alquiler, la verdad que es inabarcable”, afirmó.
En ese contexto, alertó sobre las consecuencias de los cortes de servicios: “si además te van a cortar algún servicio básico y después el costo de reconexión, los intereses que se generan, realmente se complica aún más la economía familiar”.
El planteo incluye además el impacto del sistema de salud: “hay jubilados transitando tratamientos oncológicos donde están retirando los medicamentos, y sabemos lo caros que son”, expresó.
Pedido a la Legislatura y advertencia política
Desde la APDH indicaron que el proyecto ya fue presentado, pero reclaman que sea tratado en la Legislatura de Río Negro. “Hay muchos proyectos que por decisión política no llegan nunca al tratamiento, entonces también es avisparnos como ciudadanía”, señaló Quilapán.
En ese marco, hicieron un llamado a los bloques mayoritarios: “le pedimos principalmente al bloque de Juntos Somos Río Negro que tengan coherencia y que piensen que la legislatura legisla para los rionegrinos”, sostuvo.
Además, advirtió sobre la responsabilidad política: “esa decisión del voto de nosotros ciudadanos rionegrinos también les da el aval para que ellos hagan lo que quieren y no escuchen al resto de los sectores”.
Finalmente, desde el organismo remarcaron la necesidad de visibilizar el debate: “inicialmente lo que se buscará es que se visibilice la presentación de este proyecto, que se trate, porque si no queda como en un cajón”.
Derechos en debate y expectativa de respuesta
La APDH informó que ya enviaron notas a autoridades legislativas solicitando el tratamiento del proyecto. “nosotros queremos que realmente nuestra legislatura funcione, que nos escuche y ojalá tengamos respuesta”, indicó Quilapán.
En su análisis, vinculó la iniciativa con el contexto general: “sabemos perfectamente que cada vez se van cercenando más derechos y nos van acorralando como ciudadanía”, expresó.
También planteó el rol de las organizaciones: “no tenemos más que ponernos al frente de estas reivindicaciones de sectores muchas veces invisibilizados, sin voz, sin poder acceder a las discusiones políticas”.
Por último, sostuvo que el objetivo es mejorar las condiciones de vida: “tenemos que decir dónde tienen que legislar y fortalecer los entramados sociales, porque de otra manera la provincia se nos cae”, concluyó.
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