Las organizaciones de Derechos Humanos alertaron sobre el aumento de la represión estatal durante la gestión de Javier Milei y denunciaron un retroceso en derechos y garantías constitucionales.
Los informes sobre violencia institucional durante la gestión de Javier Milei revelaron un incremento en los casos de represión estatal. El documento actualizado de la CORREPI hasta enero de 2026 indicó que 10.181 personas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad desde el regreso de la democracia en Argentina.
El relevamiento expuso que, en apenas 25 meses de gestión, se registraron 1.056 muertes, una cifra que representa el 10% de todos los casos ocurridos desde 1983. Desde los organismos antirrepresivos advirtieron sobre el crecimiento de las prácticas represivas y el uso de la fuerza estatal.
“Es el gobierno más represor desde 1983”, sostuvo María del Carmen Verdú, fundadora de CORREPI. La referente agregó: “Sólo se pueden calificar estos dos años y pico como la instalación de un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías”.
La definición de violencia institucional incluye actos de fuerza desproporcionada, hostigamiento o vulneración de derechos ejercidos por agentes estatales. El concepto abarca desde casos de gatillo fácil hasta muertes en cárceles y hechos de represión vinculados al aparato estatal.
El 8 de mayo y la Masacre de Ingeniero Budge
La conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional se realiza cada 8 de mayo en recuerdo de la llamada Masacre de Ingeniero Budge. Ese día de 1987, tres suboficiales de la Policía Bonaerense asesinaron a Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz en la esquina de Figueredo y Guaminí, en Lomas de Zamora.
Los jóvenes estaban reunidos tomando cerveza cuando los efectivos dispararon contra ellos. En 2013, el Congreso sancionó la Ley 26.811, que incorporó la fecha al calendario escolar y civil.
Entre los casos recientes señalados por organismos de Derechos Humanos aparecen el del fotógrafo Pablo Grillo y el jubilado Egidio Contreras. Ambos participaron de una movilización frente al Congreso por la continuidad de la moratoria previsional, la entrega de medicamentos sin cargo y el aumento de haberes de emergencia.
Según la denuncia, los dos fueron alcanzados por la aplicación del denominado “Protocolo Antipiquetes”, impulsado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La normativa fue presentada con el objetivo de mantener el orden en el contexto de crisis social.
Las causas judiciales que avanzan contra efectivos de seguridad
En el caso de Pablo Grillo, el fotógrafo resultó herido el 12 de marzo de 2025 tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, disparado por el cabo Héctor Jesús Guerrero. Después de varias cirugías y la colocación de prótesis craneales, volvió a su casa en febrero de 2026.
Aunque recibió el alta médica, continúa con tratamiento ambulatorio y mantiene secuelas físicas y neurológicas. Días atrás, la jueza federal María Servini recibió un pedido formal para elevar la causa a juicio oral por tentativa de homicidio y abuso de armas agravado.
En paralelo, Egidio Contreras denunció haber sido agredido el 22 de octubre de 2025 por cuatro agentes de la Policía Federal. El jubilado fue empujado al suelo y sufrió una fractura grave de húmero durante una de las marchas de los miércoles.
La causa, que inicialmente intentó archivarse por “inexistencia del delito”, volvió a avanzar luego de una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal. El expediente se originó a partir de una presentación realizada por Adolfo Pérez Esquivel y la Comisión Provincial por la Memoria.
El llamado de las organizaciones antirrepresivas
Frente al aumento de denuncias por abuso de poder y el avance de protocolos cuestionados por organismos de Derechos Humanos, María del Carmen Verdú sostuvo que la principal herramienta frente a estos hechos es la organización colectiva.
“Ponerse en contacto con las organizaciones antirrepresivas de la zona”, recomendó la fundadora de CORREPI al referirse a las acciones que pueden tomar las víctimas de violencia institucional.
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