La iniciativa impulsada por el Ejecutivo propone cambios en el régimen de tierras, desalojos y expropiaciones, mientras se discuten antecedentes vinculados a recursos estratégicos.
El Gobierno nacional activó el tratamiento legislativo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto que plantea modificaciones en distintos marcos normativos vinculados a expropiaciones, tierras rurales y desalojos.
La iniciativa fue presentada por el ministro Federico Sturzenegger en el Senado, donde defendió un texto que propone cambios en seis leyes, incluyendo el régimen expropiatorio y la regulación de la propiedad rural.
En ese contexto, el proyecto plantea que la declaración de utilidad pública sea de interpretación restrictiva y que la expropiación se utilice como último recurso.
Además, establece criterios para la fijación del valor de los bienes e incorpora variables como el lucro cesante y mecanismos de actualización.
Caso en la cordillera y debate por tierras
El debate sobre tierras tomó relevancia a partir de un caso judicial ocurrido en Alto Río Chubut, donde se investigó la compra de un campo de 14 mil hectáreas en zona de frontera.
Durante ese proceso, el empresario Hugo Alberto Barabucci declaró que la adquisición se realizó con fondos provenientes de una donación vinculada a Emiratos Árabes Unidos.
La defensa solicitó que se investigue la operación en función de la Ley 26.737, que regula la adquisición de tierras rurales en zonas de frontera.
En ese mismo juicio, Ingrid Soledad Cayunao fue absuelta tras ser acusada de usurpación, en un fallo que dejó registrado el contexto de la propiedad en discusión.
Cambios en tierras rurales y recursos
Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación de la ley que regula la propiedad de tierras rurales, limitando las restricciones principalmente a Estados extranjeros.
De este modo, inversores privados extranjeros podrían adquirir tierras con la condición de no afectar la seguridad o soberanía nacional.
El texto también se vincula con otros debates legislativos recientes, como la modificación de la Ley de Glaciares y discusiones sobre concesiones de recursos.
En ese marco, se mencionan antecedentes de otorgamiento de permisos en zonas cordilleranas con presencia de nacientes de ríos y áreas protegidas.
Desalojos y cambios en el régimen procesal
El proyecto también introduce modificaciones en el Código Civil y Comercial y en el Código Procesal, con cambios en los procesos de desalojo.
Entre ellos, se establece un mecanismo sumarísimo con plazos reducidos para intimaciones de pago y acciones judiciales.
Además, se habilita la posibilidad de ordenar la restitución inmediata de inmuebles en determinados casos.
Según un análisis de Inquilinos Agrupados, la propuesta plantea diferencias respecto a legislaciones de otros países de la región en cuanto a plazos y procedimientos.
Privatizaciones y contexto político
El proyecto se presenta en paralelo a un proceso que incluye iniciativas de privatización y concesión de empresas y recursos estratégicos.
Según datos del Ministerio de Economía correspondientes a 2025, algunas de las empresas bajo análisis registraron superávit financiero.
En este escenario, el debate legislativo se da en un contexto de negociaciones con gobernadores y discusiones sobre políticas económicas.
La iniciativa continúa en tratamiento parlamentario mientras se analizan sus posibles impactos en el régimen de propiedad, los recursos y el acceso a la tierra.
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