Trabajadores del Estado rionegrino alertan por el inminente cierre del único dispositivo de alojamiento para niñeces vulneradas en El Bolsón. “Cerrar este hogar no es una decisión técnica: es política”, advierten en un texto firmado colectivamente.
Frente a la decisión del Estado de la Provincia de Río Negro de cerrar el único dispositivo de alojamiento para niñeces en situación de extrema vulneración de derechos en la localidad de El Bolsón, es necesario detenernos a pensar; preguntar; nombrar. No como gesto de denuncia, sino como una apuesta por la reflexión colectiva y por el ejercicio más elemental de responsabilidad institucional.
Esta medida, que parece estar próxima a concretarse, plantea interrogantes urgentes que interpelan no sólo al sistema de protección de derechos, sino a la sociedad en su conjunto.
¿Por qué un Estado decide cerrar una institución que cuenta con un equipo de intervención técnica consolidado, capacitado y comprometido, que garantiza intervenciones integrales, acompañamiento y cuidados los 365 días del año? ¿Por qué dejar sin esa herramienta fundamental a una localidad donde muchas veces la presencia estatal es la única barrera frente al abandono, la violencia o el desamparo?
En estos días resuenan especialmente declaraciones del propio Gobernador refiriéndose al estado nacional: “El gobierno central no entiende, no conoce y ni se preocupa de los temas que vivimos en el interior del país.” Desde la punta sur de Río Negro, desde este rincón del mapa, no podemos evitar sentir lo mismo. Porque también aquí, en El Bolsón, se siente el abandono. Se siente la distancia de las decisiones tomadas en la capital de la Provincia, a mil kilómetros, desde escritorios que no escuchan los nombres propios que habitan este territorio.
¿Cómo cuida el Estado provincial a esas infancias? ¿De qué manera garantiza el resguardo, la restitución de derechos y el acompañamiento afectivo, manteniendo además el centro de vida —que también es un derecho— para niños y niñas que crecieron en esta comunidad?
¿Cuál es la situación presupuestaria, política o institucional que impide sostener el alquiler de un inmueble para el funcionamiento del hogar? Porque eso es lo que se necesita: únicamente un alquiler. Solo una decisión política mínima que permita dar continuidad a una política pública que ya funciona.
También interpela —y no es un dato menor— la forma en que esta decisión fue comunicada. ¿Por qué una decisión de semejante magnitud, que modifica drásticamente la respuesta estatal obligatoria en el marco de las normas provinciales, nacionales e internacionales, es comunicada telefónicamente? Sin presencia. Sin cuerpo. Casi livianamente. Como quien resuelve algo trivial, sin valor. Sin habitar la responsabilidad institucional, sin humanidad. ¿Cómo se explica que una medida que afecta el presente y el futuro de niñas y niños, así como el trabajo de quienes los acompañan día a día, se anuncie sin mirarse a los ojos, sin asumir el peso simbólico, político y humano que semejante decisión conlleva?
Resulta además llamativo que el Ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, de quien depende la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, no haya visitado nunca a este hogar. En una provincia con apenas nueve dispositivos de este tipo, esa ausencia no puede pasar inadvertida.
Y entonces otra pregunta sacude:
¿Cuántas niñeces víctimas de abusos y violencias extremas tiene que haber para que la Secretaría de Niñez considere que se “justifica” sostener esta institución?
¿Es acaso un problema de estadística? ¿Un cálculo frío entre costo y volumen de población atendida?
Es urgente recordar que las políticas de protección de derechos no se planifican en base a mayorías. No es el número de casos lo que define la obligación del Estado. Aún si hubiera una sola niña o un solo niño que requiera cuidado, protección, abrigo, escucha y restitución de derechos, el Estado tiene el deber ético, jurídico y humano de estar presente. Porque los derechos de la infancia no se ponderan en términos de cantidad, sino en términos de dignidad. Y porque cada niñez que sufre merece una respuesta íntegra, presente y sostenida.
¿Qué mensaje se transmite al cerrar una institución que cuenta con todo el andamiaje técnico, el reconocimiento del territorio, la experiencia acumulada y el compromiso de un equipo humano sólido? ¿Por qué no es una prioridad cuidar a quienes más necesitan ser cuidados?
Cerrar este hogar no es una decisión técnica: es política. Y como toda decisión política, define prioridades. ¿Puede un Estado llamarse garante de derechos si, frente a las infancias más heridas, más solas, más frágiles, decide retirarse?
Esta carta no busca confrontar. Busca invitar a la reflexión. Apela a la responsabilidad colectiva que como sociedad debemos asumir, pero especialmente a la que recae sobre quienes hoy tienen en sus manos la conducción del Estado. Porque cuando se desinvierte en cuidado, el daño no se mide en cifras presupuestarias, sino en vidas concretas.
Hoy más que nunca, necesitamos un Estado presente, capaz de sostener lo que funciona, de cuidar a quienes cuidan, y de escuchar a las niñeces que, aunque no votan, tienen derechos que no pueden esperar.
Con preocupación, con esperanza, y con la convicción de que aún estamos a tiempo.
Quienes firmamos esta carta abierta somos trabajadoras y trabajadores del Estado de la Provincia de Rio Negro, servidores públicos comprometidos con la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde ese lugar, asumimos la responsabilidad ineludible de problematizar con profundidad y sensibilidad una decisión de esta magnitud. Porque no es posible ejercer la función pública sin involucrarse ante las situaciones que vulneran los principios que nos rigen.
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