El juez de garantías de Roca habilitó la investigación contra cuatro policías de Río Negro acusados de torturar y amenazar a dos adolescentes en un descampado, durante un operativo en J.J. Gómez.
El juez de garantías de Roca, Julio Martínez Vivot, habilitó la investigación judicial contra cuatro policías de Río Negro, imputados por presuntas torturas y privación ilegítima de la libertad contra dos adolescentes. “¿Qué pasa si yo te mato y te desaparezco?”, fue una de las frases que, según la acusación, uno de los agentes dirigió a las víctimas, durante la madrugada del 15 de junio en un descampado de J.J. Gómez.
Los efectivos involucrados fueron identificados como los sargentos Espinoza y Escobar, la sargento Antilaf y la cabo Beltrán. La fiscalía los acusa por distintos delitos, entre ellos torturas, lesiones, amenazas con arma y omisión de denuncia. El hecho ocurrió luego de que los adolescentes fueran demorados en un playón deportivo del barrio Alta Barda.
Según la información judicial, los jóvenes fueron subidos a un móvil policial y trasladados a una zona de bardas, sin ser llevados a la comisaría. Allí habrían sido agredidos y amenazados. La causa quedó formalmente abierta hasta noviembre de 2025.
Los cargos y la audiencia
El fiscal Gastón Britos Rubiolo detalló que a Espinoza se lo imputa como autor de “torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma”.
Antilaf y Beltrán fueron acusadas de ser partícipes necesarias en la privación ilegal de la libertad y autoras del delito de “omisión de denunciar tortura”. Escobar, en tanto, fue señalado como partícipe necesario de los mismos delitos que Espinoza.
Los abogados defensores de los imputados rechazaron la calificación legal presentada por la fiscalía y plantearon que se trata de un caso de “vejaciones”. Sin embargo, el juez Martínez Vivot desestimó ese argumento y ratificó la investigación penal preparatoria.
La audiencia se realizó en dos tramos: comenzó el lunes y concluyó el martes, cuando el juez informó su decisión luego de un cuarto intermedio.
El relato del fiscal
Según la acusación fiscal, los cuatro efectivos se acercaron al barrio Alta Barda por denuncias de vecinos por ruidos molestos. Allí, uno de los agentes disparó al aire cartuchos de posta de goma para dispersar a los presentes. Dos adolescentes no lograron huir y fueron arrestados.
En lugar de trasladarlos a la unidad policial, los oficiales los llevaron a un descampado. En ese sitio, uno de los adolescentes fue agredido físicamente. Otro resultó herido en la pierna por un disparo con perdigones.
Durante el operativo, uno de los policías presuntamente les dijo: “¿Qué pasa si yo te mato y te desaparezco?”. Luego de esa amenaza, ambos jóvenes lograron escapar y permanecieron ocultos entre las sierras de la zona.
Pruebas presentadas por la fiscalía
Para sostener los cargos, el fiscal mencionó múltiples elementos probatorios. Entre ellos, las denuncias penales de las familias, entrevistas en sede fiscal, certificados médicos, el parte diario de la guardia de la comisaría de J.J. Gómez, la identificación del móvil policial, los registros de Cámaras Gesell y los informes del Cuerpo de Investigación Forense (CIF).
Además, el juez impuso a los imputados una restricción de acercamiento de al menos 100 metros respecto de las víctimas y testigos, y prohibió cualquier tipo de contacto o acto de hostigamiento.
La postura de la defensa
Tras la audiencia, el abogado Marcelo Hertzriken Velasco sostuvo: “Nosotros entendíamos que sigue siendo vejaciones el delito a investigar y no torturas. Pero el juez rechazó esa pretensión diciendo que los efectivos policiales tendrían que haber denunciado el hecho con posterioridad”.
Cuestionó que se exija a policías denunciar prácticas violentas dentro de la fuerza: “Que (los policías) salgan a denunciar a sus superiores, en principio, es cuanto menos disparatado; no acontece en la práctica habitual”.
En ese sentido, consideró que la hipótesis fiscal no refleja la realidad: “La hipótesis que nos propone no se comparece con la práctica de las fuerzas de seguridad”, dijo, y remarcó que podría tratarse de un “error investigativo” sobre la participación de su defendido.
Finalmente, señaló que el desarrollo de la causa podría modificar la acusación: “La fiscalía se propone una hipótesis que muy probablemente sea modificada con posterioridad y desincriminada una de las personas”.
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