La defensa de Maximiliano García pidió que el expediente pase a la Justicia Federal y la jueza otorgó 20 días al Ministerio Público Fiscal para analizar la “incompetencia parcial”.
La causa por presuntas irregularidades en obras escolares de la Cordillera sumó un nuevo retraso este miércoles, en el marco de la investigación originada tras el escape de monóxido de carbono en la Escuela 93 de El Maitén.
Durante la audiencia preliminar realizada en la Oficina Judicial de Rawson, la defensa de uno de los imputados planteó la incompetencia de la justicia provincial al sostener que los fondos utilizados para las obras fueron enviados por el Estado Nacional y que, por ese motivo, debería intervenir la Justicia Federal.
El planteo fue realizado por el abogado penalista Romano Cominetti, defensor del exfuncionario del Ministerio de Educación Maximiliano García, quien se desempeñaba en esa cartera al momento de los hechos investigados.
La investigación penal se inició tras el episodio registrado en la Escuela 93 de El Maitén, donde más de 50 alumnos y docentes resultaron intoxicados con monóxido de carbono.
La jueza otorgó plazo para analizar la incompetencia
La jueza de garantías Karina Breckle resolvió suspender la audiencia y otorgar un plazo de 20 días hábiles al Ministerio Público Fiscal para que analice y reconsidere la “incompetencia parcial”, según se indicó desde el Ministerio Público Fiscal del Chubut.
No obstante, la magistrada calificó el planteo como “sorpresivo”, teniendo en cuenta que el proceso judicial fue abierto hace ya dos años, consignó el Ministerio Público Fiscal del Chubut.
En la misma audiencia quedó desestimada como querellante la Oficina Anticorrupción de la Provincia. Su titular, el abogado Diego Carmona, había sido notificado el 12 de diciembre sobre la realización de la audiencia preliminar.
Según se informó, no se presentó ni brindó explicaciones, pese a que se le otorgó un plazo adicional de casi media hora para comparecer en la sede judicial.
Quiénes son los imputados en la causa por obras escolares
La causa por presuntas irregularidades en la contratación de empresas para la reparación de escuelas en la Cordillera tiene como imputados a dos empresarios de la construcción, Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León, y a siete exfuncionarios provinciales de los ministerios de Educación e Infraestructura.
Los exfuncionarios investigados son Antonio Chacón, Gustavo Campos, Gustavo Barauna, Mónica Martínez Carpio, Claudio Márquez, Rocío Preciado y Maximiliano García. Algunos de ellos ya no mantienen vínculo con el Estado.
Se les atribuyen los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El perjuicio económico estimado ronda los 20 millones de pesos, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal del Chubut.
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