La presidenta de la Fundación Lidema, Victoria Azul Guardia, cuestionó la reforma aprobada en el Congreso y anticipó una etapa de judicialización y conflictos por el impacto ambiental.
La aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares abrió un escenario de cuestionamientos desde organizaciones ambientales. Victoria Azul Guardia, presidenta de la Fundación Lidema, afirmó que “es un día que marca un punto de inflexión” y sostuvo que la norma fue sancionada sin consenso social.
En diálogo con FM 105.5 de la Cordillera, la referente indicó que “es una ley que en principio procedió sin consenso social, en un marco de represión, y creo que comienza hoy bastantes conflictos que van a verse reflejados a nivel judicial”, en referencia al contexto en el que se desarrolló el debate parlamentario.
Guardia planteó que uno de los principales argumentos legales contra la reforma se apoya en antecedentes de la Corte Suprema. En ese sentido, señaló que “en 2019 nuestra Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la Ley de Glaciares”, en alusión al régimen vigente hasta la modificación reciente.
Además, explicó que ese fallo estableció que el Congreso tiene potestad para fijar presupuestos mínimos ambientales sin afectar el federalismo, lo que abre interrogantes sobre la validez de los cambios introducidos.
Cuestionamientos por regresión ambiental
Desde la Fundación Lidema advirtieron que la reforma implica una modificación en el objeto de protección. Guardia afirmó que “hay abiertamente una regresión en el objeto de protección de la ley” y cuestionó la posibilidad de redefinir qué áreas quedan resguardadas.
En esa línea, sostuvo que “se está dando la posibilidad de desinventariar los glaciares y el ambiente periglacial”, lo que consideró un cambio estructural en la normativa ambiental vigente.
También rechazó los criterios utilizados para evaluar la función hídrica de los glaciares. Según indicó, “lo que están diciendo es que algunos glaciares no tienen función hídrica y eso no tiene ningún fundamento científico”.
La dirigente vinculó estos cambios con impactos irreversibles sobre los recursos naturales. En ese sentido, expresó que “una vez que se avanza sobre el recurso ya no hay manera de retroceder”.
El caso de El Bolsón y la pérdida de masa glaciar
Guardia remarcó la importancia de los glaciares en El Bolsón y su rol en el abastecimiento de agua. Señaló que “hay glaciares acá en El Bolsón y no todo el mundo está con ese conocimiento”, y destacó la necesidad de conocer el territorio para su defensa.
En relación a datos locales, mencionó que “desde esa época se perdieron unos 600 metros” en el glaciar Hielo Azul, en base a registros históricos, y agregó que ese glaciar representa una porción del total de la superficie inventariada.
También aportó cifras actualizadas sobre la pérdida de volumen. Indicó que “hay 1.7 millones de metros cúbicos que se perdieron desde 2012”, lo que vinculó con una disminución sostenida de reservas de agua.
Sobre la importancia hídrica, explicó que “llega al 50% del caudal de los ríos en épocas de sequía”, y advirtió que en otras provincias la dependencia es aún mayor.
Cómo votaron los representantes rionegrinos
La reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada en la madrugada del jueves por la Cámara de Diputados de la Nación con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. La sesión contó con la presencia de los 256 legisladores y se extendió hasta las 2.30, en un escenario atravesado por tensiones políticas y cruces entre oficialismo y oposición.
El oficialismo logró reunir quórum con el respaldo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, lo que permitió avanzar con la sanción de la norma. La oposición intentó sin éxito forzar interpelaciones y llevó al recinto el debate por el accionar del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la discusión parlamentaria.
En este contexto, los diputados de Río Negro mostraron posiciones divididas. Sergio Eduardo Capozzi, de Provincias Unidas, votó a favor junto a los representantes de La Libertad Avanza Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello, consolidando tres votos positivos desde la provincia.
En contraposición, Adriana Serquis y Marcelo Mango, de Unión por la Patria, rechazaron el proyecto y se sumaron al bloque opositor que no logró impedir la aprobación de la reforma
Impacto en Río Negro y tensión por la minería
El resultado en Río Negro expone una tensión entre sectores que promueven la minería como motor económico y aquellos que priorizan la preservación de los recursos hídricos.
La provincia, cuyo sistema de ríos y lagos depende en gran parte del derretimiento glacial, aparece atravesada por este debate. La postura de Capozzi junto al oficialismo marca un alineamiento con el Gobierno nacional en una votación de alto impacto.
La sesión se desarrolló en un clima de alta tensión, con intentos de la oposición por extender el debate mediante maniobras parlamentarias. Finalmente, el oficialismo logró avanzar sin necesidad de acuerdos de último momento y concretó la sanción de la reforma.
Minería, modelo productivo y presión sobre los recursos
La referente de Lidema también vinculó la reforma con el avance de la actividad minera. Señaló que “Río Negro pasó a ser la provincia con mayores proyectos mineros de la Argentina” y precisó que existen 57 iniciativas en distintas etapas.
En ese contexto, consideró que la modificación de la ley responde a intereses sectoriales. Afirmó que “es un claro lobby minero” y cuestionó los argumentos expuestos durante el debate legislativo.
Guardia también puso en discusión el impacto económico de la actividad. Indicó que “lo que queda de regalías es ínfimo” en relación a los efectos ambientales que genera la explotación.
Finalmente, advirtió sobre el escenario a futuro tras la sanción de la norma. Sostuvo que “es bastante desolador el futuro” y remarcó que la reforma podría derivar en conflictos judiciales por su posible inconstitucionalidad.
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