El Ejecutivo provincial y el gremio estatal acordaron lineamientos para retomar la negociación salarial, con foco en la actualización por inflación y una compensación correspondiente al último trimestre de 2025.
La paritaria estatal en Río Negro volverá a tener movimiento el jueves 5 de febrero, cuando el gobierno provincial y ATE retomen la negociación salarial tras un encuentro político–sindical encabezado en Cipolletti por el gobernador Alberto Weretilneck y el secretario general de ATE Nación, el rionegrino Rodolfo Aguiar, donde se fijaron los lineamientos del próximo tramo de discusión.
El encuentro permitió avanzar sobre los criterios que regirán la próxima paritaria, luego de una reunión previa realizada en la sede de Energía, donde habían quedado puntos pendientes y no se habían producido definiciones oficiales, más allá de la propuesta de actualizar los salarios por el índice de inflación.
En esta nueva instancia, las partes profundizaron ese esquema y también analizaron una compensación salarial correspondiente al último trimestre de 2025, tema que había quedado abierto en el tramo anterior de la discusión.
Los haberes de enero ya se encuentran en proceso de liquidación, por lo que esa compensación —definida por ATE como una “reparación”— se abonará mediante una planilla complementaria, según lo conversado en el encuentro.
Celeridad en la negociación y otros ítems salariales
Entre los puntos de coincidencia, el Gobierno y ATE habrían acordado acelerar los tiempos de la negociación, fijando directamente la nueva reunión paritaria para el 5 de febrero. Además, la conversación se habría extendido a conceptos salariales conexos.
Entre ellos, se mencionaron los montos correspondientes a la “ayuda escolar”, que se paga con los salarios de febrero, y el ítem Indumentaria, cuyos plazos de pago continúan en negociación.
Desde el sector gremial evitaron confirmar públicamente los alcances del encuentro y remarcaron que la reunión entre Aguiar y Weretilneck respondió a la agenda provincial, al tiempo que señalaron diferencias con la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional.
En ese marco, el encuentro tuvo lecturas cruzadas: mientras Aguiar mantiene una postura crítica frente a la iniciativa del presidente Javier Milei, Weretilneck destacó la “importancia de que el proyecto de Modernización laboral avance en el Congreso”, según trascendió tras la reunión.
Reparos oficiales y dudas sobre la participación sindical
Desde el Gobierno provincial también optaron por la cautela y evitaron adelantar precisiones, indicando que el ofrecimiento concreto será presentado formalmente en la paritaria del 5 de febrero.
En paralelo, la participación sindical en la próxima ronda no aparece completamente definida, a partir de las posiciones adoptadas por Unter y UPCN, que abrieron nuevos interrogantes sobre el desarrollo de la negociación.
El gremio docente Unter convocó a su Congreso para este jueves en San Antonio, con el objetivo de ratificar el rechazo ya expresado en la negociación con el Ministerio de Educación.
Por su parte, UPCN inició un proceso de nulidad de la constitución del Consejo de la Función Pública, lo que agregó tensión al escenario previo a la nueva convocatoria paritaria.
Antecedentes de la pauta 2026 y conflictos abiertos
El 22 de enero, el gobierno rionegrino abrió formalmente el debate por la pauta salarial 2026, con una oferta general basada en “una actualización para el primer trimestre del año” según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma.
Esa propuesta fue cuestionada de inmediato por ATE, que objetó el uso de ese indicador debido a que, en los últimos meses, mostró registros inflacionarios inferiores a los índices nacionales.
En el ámbito docente, Unter dio por cerrado el proceso al rechazar la oferta y también el cuarto intermedio, señalando que la propuesta “no puede ser evaluada”, y convocó al Congreso sindical para “definir los pasos a seguir”, según lo resuelto por su conducción.
En tanto, UPCN se retiró de la paritaria de la Función Pública a la espera de conocer el impacto del ofrecimiento y luego planteó la nulidad del acta por “la falta de la formal constitución del Consejo de la Función Pública”, postura que reiteró este lunes tras una respuesta de la secretaria Tania Lastra, anticipando posibles acciones administrativas y judiciales.
Sé el primero en comentar