El Gobierno busca avanzar con un nuevo plenario con gobernadores antes de dictaminar, mientras crecen cuestionamientos por las audiencias públicas y se anticipan reclamos judiciales.
El oficialismo redefine el cronograma de la Ley de Glaciares y estira su tratamiento en el Congreso. Tras el cierre de las audiencias públicas, el Gobierno apunta a convocar un nuevo plenario con gobernadores el 1 o el 8 de abril antes de dictaminar, lo que empuja el debate en el recinto, en el escenario más favorable, hacia mediados de ese mes.
Una fuente de La Libertad Avanza involucrada en el debate confirmó que los tiempos se estiran mientras avanzaba la segunda y última audiencia pública, que registró una baja presencia de diputados en la sala. A diferencia de la primera jornada, que fue presencial y con tensión, en esta oportunidad las exposiciones se realizaron de manera virtual.
El oficialismo trabaja ahora en concretar un nuevo plenario de comisiones antes de emitir dictamen, en un contexto atravesado por las complicaciones logísticas que generan los feriados de Semana Santa.
Gobernadores y proyectos mineros en el centro del debate
La convocatoria prevista incluirá a gobernadores de provincias vinculadas a la actividad minera, entre ellas las que integran la Mesa del Cobre —Catamarca, Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza— y la del Litio.
Entre los mandatarios, uno de los más atentos es el sanjuanino Marcelo Orrego, quien ya envió a sus funcionarios a exponer a favor del proyecto. La expectativa está centrada en el megaproyecto Vicuña, que prevé una inversión de 7.100 millones de dólares en tres años para la extracción de cobre.
Durante las audiencias, un abogado ambientalista advirtió sobre el impacto del proyecto y señaló que para cumplir sus objetivos se utilizarán “2.000 litros de agua por segundo”, según expuso en su intervención.
También se plantearon cuestionamientos desde otras provincias. En Catamarca, participantes denunciaron que tres décadas de explotación de litio dejaron seco el Río Trapiche, en el Salar del Hombre Muerto, mientras que desde Jujuy se mencionó la existencia de más de 1.700 proyectos mineros en la puna con consumo intensivo de agua.
Críticas políticas y advertencias judiciales
La discusión también incluyó críticas políticas. “Otro que debe dar explicaciones es el gobernador (Alfredo) Cornejo. En Mendoza impulsa el proyecto megaminero San Jorge, en la cordillera, que enfrenta un fuerte rechazo social y masivas movilizaciones. En el último año, 32 ambientalistas fueron detenidos por su gobierno”, denunció la diputada Myriam Bregman.
En paralelo, en el oficialismo confían en reunir los votos necesarios para aprobar la ley con el respaldo de aliados del interbloque PRO-UCR-MID, legisladores provinciales y un sector del peronismo de provincias mineras. Sin embargo, también anticipan que la norma enfrentará presentaciones judiciales por inconstitucionalidad.
Los cuestionamientos apuntan tanto al contenido del proyecto como al formato de las audiencias públicas, que limitaron la participación oral de más de 100.000 inscriptos. Esa objeción fue señalada por una de las expositoras, la exdiputada Graciela Camaño.
Posturas técnicas enfrentadas sobre la reforma
En el plano técnico, el director del IANIGLA, Pablo Villagra, sostuvo que el proyecto “no representa una mejora respecto de la ley vigente porque deja áreas con hielo sin proteger; no elimina las ambigüedades planteadas sino que, por el contrario, genera nuevas ambigüedades; y desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina a decisiones políticas de las autoridades de cada provincia”, según expuso durante la audiencia.
En contraposición, el presidente del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, Néstor Rigamonti, consideró que el debate abre “una oportunidad única para mejorar la eficacia del régimen vigente”, ya que “la ambigüedad de conceptos normativos ha generado interpretaciones dispares, conflictos de competencia entre jurisdicciones e inseguridad jurídica”.
Asimismo, sostuvo que la nueva normativa “no implica una regresión ambiental” porque “el núcleo de protección se mantiene intacto” y argumentó que las provincias están en mejores condiciones de aportar información sobre sus recursos por su cercanía territorial.
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