El reclamo busca declarar la inconstitucionalidad de la norma y suma respaldo ciudadano en todo el país. Ya son más de 800.000 las firmas particulares que se suman a las demandas de organizaciones por el cuidado del agua y el ambiente.
La reforma de la Ley de Glaciares continúa generando repercusiones en todo el país. En ese contexto, distintas organizaciones impulsan una demanda colectiva que ya reúne más de 800 mil firmas, con el objetivo de frenar su aplicación y declarar su inconstitucionalidad en la Justicia.
La iniciativa es encabezada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a la Asociación de Abogados Ambientalistas y Greenpeace, entre otras organizaciones. Según explicó Cristian Fernández, coordinador del área de legales de FARN, la acción se encuentra en construcción y busca respaldo social para avanzar judicialmente.
En diálogo con FM de la Cordillera, Fernández señaló: “Sí, totalmente. Bueno, el derecho ambiental también sucede que siempre es colectivo, porque nosotros cada vez que buscamos una solución a un problema de contaminación, a una actividad extractiva que pone en peligro el agua, ¿no es cierto?, como la media minería o cualquier situación de la que estemos hablando, donde hay un riesgo ambiental alto, el resultado desfavorable es colectivo, ¿no? Es para toda la comunidad”, afirmó el coordinador del área de legales de la FARN.
En ese sentido, explicó que la campaña busca canalizar el respaldo ciudadano en una acción concreta: “La convocatoria que se lanzó tiene que ver con un respaldo de parte de la sociedad (…) se armó esta campaña (…) es la página para que las personas puedan ir firmando e ir apoyando esta acción legal que está en construcción”, sostuvo Fernández desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Una acción judicial basada en el derecho al agua
El referente detalló que la demanda colectiva por los glaciares apunta a cuestionar la legalidad de la norma sancionada recientemente: “Es una acción legal que lo que va a buscar es que se declare la inconstitucionalidad en la justicia de la ley sancionada en la madrugada del jueves de la semana pasada”, indicó.
Además, remarcó que los argumentos se centran en normas superiores: “Estamos construyendo esta acción con argumentos sobre todo centrados en los acuerdos internacionales, en la constitución nacional y en el derecho humano al agua”, explicó Fernández en la entrevista.
La discusión sobre la ley se dio en un contexto de movilización social. Durante la jornada de tratamiento en el Congreso, se registraron protestas y situaciones de represión. Sobre ese escenario, el coordinador señaló: “Hubo una movilización (…) mucha gente se acercó al Congreso hasta donde pudo (…) hubo situaciones de gases que se lanzaron desde la policía, y sin embargo igual mucha gente (…) se mantuvo ahí en vigilia mientras se debatía el proyecto de ley”, relató.
También cuestionó el resultado legislativo: “Lamentablemente luego se convirtió en ley, traicionando los intereses de toda la ciudadanía, de todas las personas que consideran que el agua es un derecho humano y que no es un insumo para la minería”, sostuvo desde FARN.
Expectativas judiciales y presión social
Consultado sobre las posibilidades de éxito, Fernández fue claro respecto al posicionamiento de las organizaciones: “Nosotros lo que estamos convencidos es que esta ley es a todas luces inconstitucional, que esta ley va a generar un desastre ambiental, y es por eso que trabajamos para hacer este planteo ante tribunales”, afirmó.
No obstante, reconoció que la definición dependerá del Poder Judicial: “Después, la resolución depende de un tercero, que son los jueces, y los jueces esperemos que estén a la altura de las circunstancias”, agregó.
En ese marco, destacó el rol de la sociedad en el proceso: “Me parece interesante que mucha gente se manifieste y apoye, porque también esa presión social de alguna manera nos viene a respaldar en un juego muy asimétrico de poder”, señaló, en referencia a la influencia de distintos actores en el debate.
Fernández también apuntó al peso de los intereses económicos: “Realmente el poder que tienen las empresas mineras con su lobby, lo hemos visto en el Congreso, lo hemos visto frente al Poder Ejecutivo, y no me extrañaría que también exista frente al Poder Judicial”, sostuvo durante la entrevista.
Fuerte respaldo ciudadano contra la reforma
El impulso de la demanda colectiva contra la Ley de Glaciares se apoya en una participación masiva. Según se indicó, ya son cientos de miles las firmas reunidas, en un contexto donde la discusión pública se amplificó.
En relación a ese escenario, Fernández expresó: “La mayoría de la gente está en contra de esta reforma, la mayoría de la gente está a favor del agua (…) estamos hablando de cientos de miles de firmas que también respaldan esta acción legal”, afirmó.
También remarcó la comprensión social del tema: “Las personas también intuitivamente entienden que el agua, sin el agua no podemos vivir, que el agua es la vida”, sostuvo el referente de FARN.
Por último, confirmó cómo sumarse a la iniciativa: “La página es demandacolectivaglaciares.org, ahí se pueden sumar a esta demanda colectiva”, concluyó Fernández, mientras la campaña continúa creciendo en todo el país.
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